Defensa de la propiedad privada

 
 
 
Libres siempre estará del lado de las personas, potenciando y salvaguardando su desarrollo como individuos y ciudadanos. Consideramos que el Estado debe ser el que asegure el ejercicio de los derechos de cada persona, de cada individuo. Por ello, defendemos que debe garantizarse sin complejos el derecho de cada persona a la propiedad privada, dando así seguridad jurídica y económica.

El derecho a la propiedad privada, a su titularidad, posesión y disfrute, se consagra en el Art. 33 de la CE, así:
 

1.     Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2.     La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3.     Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Libres considera la propiedad privada como un derecho básico a la hora de ejercer la libertad individual, entendiendo que no puede existir la una sin la otra.

En el caso de los bienes inmuebles destinados a vivienda, Libres para garantizar dicho derecho a la propiedad privada, cree necesarias una serie de reformas legislativas que afecten tanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil como al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente también a los procedimientos de desahucio y de ejecución en base, que den como resultado:

●      Prevalencia jurídica de un documento de titularidad, posesión o disfrute a la vista,  válido y actualizado a la fecha de la petición o solicitud de amparo policial o judicial por solicitante titular.

●      Medidas judiciales provisionales ejecutivas inmediatas dentro de las 24 primeras horas para el caso de que se perturbe y vulnere el derecho a la propiedad privada.

●      Consignación ante la autoridad judicial previamente de aval suficiente por quien exhibe el documento que cubra los posibles daños y perjuicios en caso de falsedad, falta de derecho, etc. al objeto de evitar que haya personas que pretendan arrogarse derechos que no les son propios.

●      Procedimiento sumario a resolver dentro de las 48 primeras horas.

o      Mínima actuación procesal.

o      Intervención letrada de las partes.

o      Turno de oficio si fuera necesario.

o      Ejecución de la sentencia de primera instancia inmediata y mantenimiento del aval suficiente hasta la resolución del posible recurso.

o      Costes del recurso para el perdedor.

●      Creación de tipos penales específicos para el caso de la ocupación de viviendas y moradas, que concreten y amplíen los ya existentes en el C.P. referidos a la propiedad y uso de las viviendas, la usurpación y otros (falsedades documentales, desobediencias, resistencias a la autoridad y sus agentes, amenazas y coacciones, etc. y del art. 962 y ss de la L.E.Cr (Enjuiciamiento por Delitos Leves) cuya aplicación les de mas rapidez y efectividad.

Todo ello, como hemos indicado, con una clara finalidad: garantizar a cada persona el pacífico disfrute de su patrimonio, de sus bienes.

Sin embargo, las medidas han de ser diferentes si hablamos de entidades, mercantiles, bancos, fondos, etc., es decir, cuando el propietario del derecho no sea una persona física, sino una persona jurídica. En especial aquellas mercantiles que tienen como objeto principal la dedicación a la compraventa o alquiler de viviendas o las posean por los mecanismos de adquisición de lotes procedentes de la administración o de las entidades bancarias.

En Libres consideramos que la administración tampoco puede coartar las libertades de estas personas jurídicas y su legítimo derecho a la propiedad privada, sin embargo, sí consideramos que es necesario que  se establezcan (por parte de la Administración) mecanismos para que los miles de pisos y viviendas que actualmente están en manos de grandes compañías y bancos puedan ser usadas (ocupadas) por personas que carecen de una vivienda digna conforme a los mecanismos legales establecidos para el acceso a la vivienda social.

En este sentido, es necesario vía impuestos, que la Administración premie a aquellas personas que hagan un uso social de esas viviendas y grabe a quien se dedique a la mera especulación con un bien esencial como es la vivienda. 
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